Campañas: el limite de lo legal y lo etico

Editorial RMG

En unos meses, nuestra comuna se volverá a acercar a las urnas para elegir a nuestro próximo alcalde y miembros del concejo municipal. Algunos, como el actual alcalde Ríos, buscan la reelección al cargo, mientras que los candidatos Arce y Sanhueza intentarán desafiar la histórica gestión del PPD y competirán contra Ríos para hacerse con la alcaldía de Lo Prado. En el concejo municipal, el Partido Comunista de Chile busca la reelección de la concejala Verdugo, quien fue electa en 2021 con la primera mayoría comunal. El concejal Orellana también buscará la reelección de la mano del PPD.

Además de estos candidatos conocidos, también veremos a algunos rostros nuevos en la contienda electoral. Santiago Guerra (PC), Miguel Rojas (PDG) y Andrés Tapia (independiente) son solo algunos de los aspirantes que buscan traer nuevas perspectivas y cambios a la administración comunal.

A simple vista, el panorama de las próximas elecciones debería ser fácil de seguir en una comuna pequeña como Lo Prado, sin la necesidad de una vigilancia exhaustiva por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad es distinta. Desde hace algún tiempo, algunos candidatos han jugado a "capitalizar las brechas legislativas" y usarlas a su favor, empleando tácticas que, aunque no ilegales, sí resultan cuestionables desde el punto de vista ético.

Un ejemplo de esto son aquellos candidatos que regalan entradas con sus rostros estampados. Aunque esta acción no encierra ninguna ilegalidad al no ser un llamado directo a votar por ellos, todos sabemos que su objetivo es claro: un regalo, un voto. De manera similar, algunos candidatos regalan premios en bingos solidarios con su nombre estampado en los objetos, repitiendo la estrategia de “un regalo, un voto”.

En una línea más moderna y digital, observamos a candidatos que utilizan las redes sociales para mostrar una imagen constante de compromiso con la comuna y sus habitantes. Estos candidatos llegan a usar sus propios medios de comunicación "independientes" para enaltecer su figura, aprovechando la falta de regulación específica en este ámbito para promoverse de manera desmesurada.

Seamos claros: ninguna de estas actividades o acciones atenta contra la ley vigente, pero sí atenta contra la ética y la responsabilidad moral que esperamos de nuestros representantes. En una democracia saludable, no solo es importante que las acciones de los candidatos sean legales, sino también que sean moralmente correctas y reflejen un compromiso genuino con los valores y necesidades de la comunidad.

Esto nos invita a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿Cómo dibujamos el límite entre lo legal y lo ético? En un contexto donde las brechas legislativas son explotadas para beneficio personal, es crucial que la ciudadanía esté más alerta y exija transparencia y ética de aquellos que aspiran a representarnos. No podemos conformarnos con la legalidad superficial; debemos demandar integridad y principios sólido. 

En esta próxima elección, los votantes de Lo Prado tienen la oportunidad de elevar sus estándares y exigir una política basada en principios, no en regalos ni estrategias digitales manipuladoras. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos asegurar que nuestros representantes actúen con la ética y el compromiso que merecemos. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra democracia, sino que también enviamos un mensaje claro a aquellos que buscan representarnos: la integridad y la transparencia no son opcionales,  son esenciales.